El final de la guerra contra los nazis destapó las vergüenzas de una Europa que poco hizo por sí misma. Al tiempo que los aliados entraban en los campos de exterminio, la conciencia del mundo se tambaleaba. Las imágenes de cuerpos famélicos, inertes, apilados como despojos, revolvieron las entrañas en aquellos en los que algo de pudor quedaba. ¿Qué se hizo mal?

Ante el espanto y a modo de redención, los tribunales de Nuremberg y Tokio se erigían para juzgar a los criminales de guerra de las potencias del Eje. Los vencedores juzgaban a los vencidos bajo el lema “Justice, not revenge,” Justicia, no venganza.

El holocausto judío dejó seis millones de muertos y un grito: Nunca más. Pero el siglo XX no dejó de escupir barbarie. En los años noventa los conflictos de Bosnia-Herzegovina y Ruanda fueron prueba de que la historia, en ocasiones, se repite. En Srebrenica, Bosnia, más de ocho mil hombres y niños fueron masacrados por las tropas serbias. Se habló entonces de “limpieza étnica” de un pueblo. En Ruanda las atrocidades crecen en número. Cerca de un millón tutsis y hutus moderados fueron exterminados, víctimas de la campaña genocida del gobierno Hutu.

En 1993, por primera vez en su historia el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas establecía un tribunal “ad-hoc” para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia. Dos años después, en 1995, nacía su homónimo en Ruanda.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad limitaban en espacio y tiempo las jurisdicciones de estos tribunales. Era pues clara la necesidad de establecer una corte penal permanente y global que respondiera con eficacia a la comisión de los crímenes más horrendos y que representara ante todo un instrumento en la prevención de los mismos. En 1998 se debatía en Roma el Tratado que constituiría la primera institución judicial internacional con carácter permanente y con capacidad para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El 1 de Julio de 2002 entraba en vigor tras lograr las ratificaciones necesarias de 60 estados. Entre los que votaron en contra se hallaban dos grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos y China.