Cientos de manteros, los vendedores africanos de CD y DVD ambulantes que pueblan las ciudades de España desde hace algunos años, se concentraron el pasado fin de semana en Madrid y en otras ciudades españolas para exigir una reforma del Código Penal. En la actualidad, los manteros están cumpliendo condenas de hasta tres y cuatro años por desarrollar esta actividad, lo cual, tanto ellos mismos como numerosas asociaciones que les apoyan, consideran “desproporcionado”.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, aunque seguro que miles. En casi todas las ciudades españolas se les puede ver. En estaciones de metro, en la calle, en los parques más frecuentados. Con toda su mercancía expuesta sobre mantas cuadradas. Cuando aparece la Policía, tiran de la cuerda, recogen el material y salen corriendo. La inmensa mayoría proceden del África subsahariana y muchos han llegado en pateras y cayucos hasta España, vía Andalucía y Canarias. No tienen papeles para trabajar legalmente y se buscan la vida como hacían en África.

Uno de los problemas a los que se enfrentan, además de la cárcel, es que pueden ser expulsados a sus países. Si no, cuando salen a la calle tendrán prácticamente imposible legalizar su situación en España, lo que trunca de manera definitiva su proyecto migratorio y les condena a permanecer en la economía informal durante toda su estancia en Europa.

Una de las paradojas es que cada mantero puede ganar apenas 200 euros por cada manta llena de CD y DVD, lo que solo ocurre tras muchos días de estar tirado en la calle y apenas les da para vivir. Y además, cada vez menos, porque las ventas callejeras bajan en la misma medida en que aumentan las descargas por Internet, cada vez más frecuentes en los hogares españoles. "Si no vendemos, ¿de qué comemos?", aseguran los manteros.

Actores y personas de la cultura, como Willy Toledo y Alberto San Juan, han querido solidarizarse públicamente con ellos. Sin embargo, entre los activistas más destacados se encuentra Julián Ríos, doctor en Leyes, abogado y profesor de Derecho Penitenciario en la Universidad Pontificia de Comillas, que lleva años defendiendo a los manteros. Además de crear una plataforma para promover una reforma del Código Penal, ha promovido el pago de las multas para intentar evitar que vayan a la cárcel. Este viernes, respondió a GuinGuinBali.

- ¿Por qué manifestarse ahora?

- En este momento el Código Penal está en fase de reforma, con un trámite parlamentario muy avanzado. Existe una propuesta del Grupo Socialista para rebajar las penas y que, en lugar de cárcel, se imponga una multa o trabajos a la comunidad y para que, hasta 400 euros de perjuicio, se considere falta y no delito. Sin embargo, esta es una reforma escasa.

- ¿Por qué?

- Porque de igual manera van a ir a la cárcel si no pueden pagar la multa, que es lo que está ocurriendo. Y también nos parece que no debe valorarse el perjuicio causado por el matero, que por manta puede ser de entre 1.500 y 2.000 euros, sino el beneficio que él obtiene, que es mínimo.

- ¿Cuántos manteros cumplen condena en prisión en este momento?

- Un centenar en toda España. Y las penas van desde un mínimo de seis meses cuando se les detiene por primera vez hasta dos años. Sin embargo, como le imponen también doce meses de multa, en ocasiones están hasta tres y cuatro años en la cárcel, igual que si hubieran cometido un delito de lesiones, robo, coacción, amenaza o abuso sexual. Es una auténtica desproporción penal.

- ¿A qué se debe esa desproporción de la que habla?

- Las empresas de gestión de derechos de autor, como la SGAE, están presionando muchísimo. Saben que se le está yendo mucho dinero por Internet, pero no pueden ir de forma directa contra las descargas y arremeten contra los vendedores callejeros, contra lo más visible, contra el último eslabón. En los últimos siete años unos 600 manteros han pasado por la cárcel.

- ¿Y ellos lo entienden?

- Los manteros no entienden nada, sólo están comprando y vendiendo como hacen en sus países de origen. En principio no tienen la sensación de estar cometiendo ningún delito, aunque pronto les explican que aquí está penado y que la Policía les persigue, por supuesto.

- ¿Qué piden las asociaciones de apoyo?

- Que esta actividad sea considerada un delito sólo cuando supere los 400 euros de beneficio para el mantero, no como está ahora establecido de 400 euros de perjuicio para las empresas de gestión de derechos de autor. Además, las sanciones deberían ser administrativas y no penales. Esto sería más justo.